¨Ciudades Santuario¨

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Los teléfonos no han parado de sonar en el Proyecto Resurrección desde el 8 de Noviembre, cuando Donald J. Trump fue elegido el próximo Presidente de los Estados Unidos.

“La gente está aterrorizada,” dijo Eréndira Rendón, directora de proyectos nacionales para esta organización basada en la comunidad de Pilsen, un vecindario animado mayormente hispano en el lado bajo occidental de Chicago.

Muchos residentes temen que el Presidente entrante – quien asumirá la presidencia el viernes – cumplirá su promesa de campaña de deportar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. Muchos recuerdan muy bien las redadas masivas en los lugares de trabajo realizadas a nivel nacional durante el segundo mandato del ex Presidente George W. Bush: altamente militarizado, barridas coordinadas que vieron a decenas de miles de trabajadores inmigrantes ilegales arrestados y deportados.

Para prepararse para la posibilidad de una ofensiva de gran alcance similar o incluso mayor, el Proyecto Resurrección ha sido anfitrión de talleres de trabajo “conozca sus derechos”. Las sesiones comienzan con un ejercicio de respiración para aliviar las ansiedades de las personas. Después comienzan las preguntas “¿Qué debería hacer si agentes federales de inmigración llegan a mi hogar?. ¿A mi lugar de trabajo?. ¿Es seguro para mí renovar mi DACA (la amnistía temporal del Presidente Barack Obama para jóvenes indocumentados cuyos padres los trajeron a los Estados Unidos como niños)?”

“Estamos operando bajo suposición de que Trump va a hacer lo que prometió hacer, lo cual es una deportación masiva de dos a tres millones de personas inmediatamente,” dice Rendón, siendo ella misma una beneficiaria de DACA de 31años.

Durante su campaña, Trump se comprometió a poner fin a DACA, la cual Obama presentó mediante una Orden Ejecutiva en el año 2012. Aunque no es un camino a la ciudadanía, le da a más de 740,000 jóvenes indocumentados un alivio temporal de deportación.

Defensa local.

La gracia de salvación para las personas como Rendón pudiera ser la ciudad que les ha tocado vivir. Ahora, más que nunca, la lucha para ayudar a los inmigrantes indocumentados y protegerlos de la deportación ha cambiado hasta el nivel local. Las ciudades como Chicago, San Francisco, Seattle, Filadelfia, y Nueva York, en conjunto con los condados y y campos universitarios en todo el país, están comprometidos a limitar su ayuda a las autoridades federales de inmigración y convertirse en “santuarios” para aquellos que enfrenten deportaciones.

En la campaña electoral, Trump arremetió contra las llamadas “ciudades santuario”, señalando el caso de Julio del año 2015 de un hombre mexicano que disparó y mató una mujer en San Francisco. El hombre tenía 7 condenas por delitos graves anteriores y ya había sido deportado cinco veces. Pero antes de los disparos, la policía local había declinado detenerlo en nombre de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) sin una autorización judicial – un medio fundamental por el cual las ciudades santuario pueden evitar ayudar a los oficiales federales.

Trump ha prometido “terminar con las ciudades santuario ” en sus primeros 100 días de su gobierno, revocando su financiación federal. Varias ciudades, particularmente sus agencias federales de orden público, pueden llegar a perder decenas de millones de dólares en subvenciones anuales del Departamento de Justicia Federal si él sigue adelante. La policía local depende de estas subvenciones para nuevas contrataciones de empleados y programas especiales para los drogadictos y víctimas de violencia doméstica. Cerca de 29 millones de dólares están en juego en Chicago.

A pesar de ello, desde la elección, muchas ciudades han fortalecido las leyes prohibiéndoles a los policías locales el preguntarle a las personas su estatus migratorio. Otros, incluyendo Chicago, están desplegando tarjetas de identificación municipales de manera que los residentes indocumentados puedan tener acceso más fácilmente a servicios públicos como los de salud y escuelas.

Los Alcaldes también están apartando fondos para pagar a abogados para defender a estas personas en procedimientos federales de deportación. En los Estados Unidos, los inmigrantes que enfrentan deportación no tienen derecho automático a un abogado. Chicago, hogar de unos 150.000 residentes indocumentados, recientemente anunció un Fondo de Asistencia Jurídica de 1,3 millones de dólares, mientras que Los Ángeles ha comprometido 10 millones de dólares a través de una asociación pública y privada. La ciudad de Nueva York ya garantiza representación a inmigrantes detenidos a través de una programa de 6 millones de dólares creada en el año 2013.

“Quiero que sepan que la ciudad de Chicago – sus niños, usted y su familia –están a salvo, seguros y apoyados,” dijo el Alcalde Rahm Emanuel al anunciar el Fondo de Asistencia Jurídica en su ciudad el mes pasado.

Parte de ese fondo está siendo canalizado al Proyecto Resurrección para entrenar a unos 200 “navegantes de la comunidad” para ayudar a las personas con preguntas sobre inmigración. Los restantes 750.000,00 dólares han ido al Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes con sede en Chicago para contratar nueve empleados que representarán por lo menos 1.000 casos el próximo año.

Legalmente escamoso.

El concepto de Ciudad Santuario no es nuevo. En Chicago, se remonta al año 1985 cuando el entonces Alcalde Harold Washington emitió una orden ejecutiva que prohibía a las agencias de la ciudad el preguntar el estatus migratorio de cualquiera que estuviera solicitando servicios en la ciudad

Cientos de jurisdicciones de los Estados Unidos, principalmente los condados, tienen políticas de Santuario incluyendo Estados enteros como California, Connecticut, y Rhode Island. Incluso en Estados conservadores, tales leyes cuentan con el apoyo de las agencias del orden público debido a que mantienen la seguridad y la confianza dentro de las comunidades: las víctimas de crímenes y testigos que pudieran estar indocumentados son menos propensos a cooperar con la policía local si ellos piensan que serán deportados.

Pero muchos expertos de inmigración advierten que el término “santuario” es engañoso, evocando una imagen de ciudades que ocultan a sus residentes de los agentes federales. Este no es el caso, ya que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) puede reunir a los inmigrantes indocumentados en cualquier lado siempre y cuando tengan una orden judicial.

“La designación de una localidad o escuela como un ‘santuario’ no significa nada legalmente,” dice Stephen Yale-Loehr, un abogado de Inmigración y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell. “Es un consuelo simbólico para los estudiantes y residentes que la policía local no le dirá activamente a los funcionarios de inmigración si hay individuos indocumentados en el campus, por ejemplo.”

Algunas ciudades y universidades han rechazado la etiqueta de “santuario”, optando en su lugar por el término “acogedor”.

A pesar de que el movimiento de ciudad santuario ha ganado impulso desde la elección de Trump, las regulaciones fragmentarias y la aplicación significan que los niveles de apoyo disponibles a inmigrantes indocumentados difieren significativamente de una jurisdicción a otra.

Rendón lo sabría. Sus padres la trajeron a los Estados Unidos desde Oaxaca, México cuando tenía 4 años. Esto quiere decir que ella está cubierta por DACA pero sus padres están todavía indocumentados. Ellos también viven en un suburbio al noroeste de Chicago que no tienen leyes santuario.

“En cuanto a mí, yo soy joven – sé que lo puedo descifrar,” Rendón dice. “Pero mis padres tienen 60 años y se están volviendo mayores. ¿Qué les sucederá a ellos?. Ellos están siempre asustados, siempre preocupados, siempre bajo mucha presión.”

Creciente atraso.

A pesar de estos temores, todavía no está claro como podría Trump aumentar proporcionalmente las deportaciones. El se ha comprometido a dar prioridad a los criminales convictos, pero los expertos de inmigración dicen que no hay suficiente de los mismos para llegar al objetivo declarado por Trump de dos a tres millones.

Obama supervisó la deportación de 2,5 millones de inmigrantes durante su mandato de ocho años – más que cualquier otro Presidente. Aumentando significativamente el ritmo actual de deportaciones significaría hacer frente al acumulado atraso de casos en las cortes de inmigración. Un individuo que enfrente deportación debe ir ante una corte de inmigración antes de que un juez ordene su deportación, pero hay 520.000 casos pendientes a nivel nacional, incluyendo más de 23.000 en el Estado de Illinois, donde está localizado Chicago. Las audiencias son a menudo programadas con tres años de antelación.

En las ciudades santuario, donde los inmigrantes enfrentan deportaciones pueden tener acceso a asistencia jurídica y luchar contra la decisión de deportación, es probable que el atraso crezca aún más.

Deportar a las personas también es costoso. A un costo promedio de 10.000,00 dólares por deportado, Trump necesitaría pedirle al Congreso que apruebe entre 20 y 30 billones de dólares para alcanzar este objetivo., lo cual no incluye siquiera los billones que él necesitaría para construir esa ¨gran, bella pared¨.

La promesa de Trump de deportar rápidamente tan grandes números sin embargo tiene a los defensores preocupados.

“Las operaciones de ejecución son sucias, y lo que ha sucedido en el pasado, es que muchos de los espectadores como la familia y los vecinos quedan atrapados en el medio [y son deportados también], incluso si el objetivo es solamente una persona,” dice Heidi Altman, director de políticas para en Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

“Estamos detrás de todos los inmigrantes, incluyendo aquellos involucrados en el sistema de justicia criminal. La deportación es a menudo una consecuencia vastamente desproporcionada por sus acciones.”

Autor: Tania Karas
* Artículo reproducido con el debido permiso de IRIN. IRIN no se hace responsable por la traducción. La traducción ha sido realizada por Francisco Luciani para Teología Hoy.

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